California es santuario pero todavía pueden deportar

Desde este mes California es el primer estado santuario en el país, pero la ley Acta de los Valores de California o SB54 no impide que los indocumentados que cometan alguno de cientos de delitos puedan ser entregados a oficiales de migración para que sean deportados, de acuerdo con el jefe del alguacil del condado de San Diego, Bill Gore.

En el condado de San Diego “hay entre 200 mil y 300 mil personas indocumentadas”, una extensa comunidad ante la que el alguacil y los departamentos de policía no quieren que se les aprecie como oficiales que hacen deportaciones, “porque se crearía una subcultura” en la que una comunidad tan extensa no reportaría delitos, ni ofrecería testimonios, dijo Gore.

Lo que hace la ley SB54 es prohibir que las cárceles, como las del condado de San Diego, tengan oficinas para agentes de migración, o que los indocumentados detenidos por delitos menores sean retenidos después de ficharlos para que sean deportados.

Esas dos ventajas las tenía hasta ahora la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Diego y los demás 57 condados de California.

Pero ahora el alguacil y la policía sólo entregarán al ICE a migrantes que cometan delitos graves, como homicidio o violación sexual, o cualquier delito con uso de violencia o armas.

Pero la ley deja fuera, explicó el alguacil, delitos menores.

Gore declaró que su oficina y habría incluido otros delitos que quedan fuera de deportación con la SB54, como la violencia conyugal o conducir bajo influencia de bebidas alcohólicas sin que causen accidentes.

La ley estatal no puede prohibir que los agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la patrulla fronteriza hagan su trabajo, pero sí impide que las autoridades y empleados públicos en más de 250 ciudades y de los 58 condados de California colaboren en detenciones u operativos.

La ley es la respuesta de California a la política de la administración del presidente Donald Trump de retirar fondos a las llamadas ciudades santuario, a menos que los oficiales de policía de esas ciudades colaboren con el ICE.

En California vive uno de cada cuatro indocumentados en el país, aproximadamente tres millones de indocumentados, de acuerdo con cálculos oficiales y extraoficiales.

La mayoría de los indocumentados tiene hijos estadunidenses, y la separación familiar fue una de las principales razones por las que el gobernador Jerry Brown firmó la ley que elaboró el presidente del senado, Kevin de León.

“Estos son tiempos inciertos para los californianos indocumentados y sus familias, y este proyecto de ley logra un equilibrio que protegerá la seguridad pública, a la vez que ofrece una medida de bienestar para aquellas familias que ahora viven con miedo todos los días dijo el gobernador al firmar la SB54.

Brown aclaró que la ley “no impide o prohíbe que Inmigración y Aduanas o el Departamento de Seguridad Nacional hagan su propio trabajo de ninguna manera”, pero prohíbe a los policías y alguaciles colaborar con esas autoridades de migración.

Otros estados ya analizan la posibilidad de impulsar sus propias leyes de “estado santuario” como la de California.

En respuesta, la administración Trump declaró que incrementará redadas y detenciones.

El director interino del ICE, Thomas Homan, dijo en reacciones a la SB54 que su oficina presentará cargos contra las autoridades de California que se nieguen a colaborar con los oficiales de migración.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) respondió a Homan que “múltiples tribunales han dictaminado que la constitución prohibe a la administración Trump intimidar a los estados y las localidades que no participen en tácticas de inmigración”.

El Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef) fue más allá: el presidente de la organización, Thomas Sáenz declaró que el director interino del ICE debe dejar el cargo, pues “sus declaraciones demuestran que es completamente inadecuado para el puesto al que ha sido nominado”.

Manuel Ocaño