Quieren que el congreso otorgue residencia a salvadoreños petesianos

Organizaciones de San Diego que defienden los derechos de los inmigrantes buscarán que el congreso otorgue residencia legal a unos 200 mil salvadoreños a quienes la administración del presidente Donald Trump suspendió el Status de Protección Temporal (TPS) que les protege ante deportaciones desde el 2001.

La mayoría de los beneficiarios de TPS vive en California. En el estado residen más de 49 mil cien salvadoreños que han tenido TPS, la mayoría desde el 2001, de acuerdo con el Centro para el Progreso Americano.

También en el estado hay por lo menos 50 mil 300 hijos estadunidenses de salvadoreños que han vivido acogidos al TPS.

Unos 34 mil 400 trabajadores en California se han beneficiado con el status de TPS. Su trabajo se traduce en dos mil 400 millones de dólares anuales.

Los principales trabajos que ocupan los salvadoreños en California se relacionan con construcción, servicios y alimentos, y en apoyo administrativo.

El Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes de San Diego advirtió que “el Salvador no puede manejar el regreso de cientos de miles de sus ciudadanos dada la violencia del país, la corrupción, el narcotráfico y la incapacidad de sus débiles instituciones gubernamentales para dar cabida a una afluencia masiva de personas”.

La directora del grupo, Laura Moreno, dijo que buscará que el congreso ofrezca na solución permanente en lugar de enviarlos a condiciones peligrosas.

“Esta decisión cruel pondrá en peligro las vidas de cientos de miles de salvadoreños y de sus hijos nacidos en Estados Unidos, en un momento en que El Salvador continúa plagado de violencia y corrupción y no está en condiciones de recibirlos”, declaró Moreno.

El Comité de Servicios Amigos Americanos advirtió que la decisión de la administración Trump “tendrá un impacto devastador en las comunidades”.

El comité declaró que se une a la petición para que el congreso ofrezca una solución permanente a los salvadoreños que han tenido TPS, pero además de pedirá al Departamento de Seguridad Nacional que extienda el TPS para todos los países”, incluidos Haití y Nicaragua, a lso que ya antes la administración canceló TPS.

“Las oficinas de Amigos Americanos en El Salvador también observaban esta decisión de cerca debido a las ramificaciones potenciales en las economías y comunidades locales”, agregó el grupo.

A nivel nacional, el Instituto Nacional Latina por la Salud reproductiva cuestionó si la administración Trump suspendió el TPS por motivos raciales.

“A este punto, no está claro si expulsar a los titulares de TPS sea parte de la agenda antiinmigrante y xenófoba de esta Administración”.

El presidente del senado de California, Kevin de León, autor de la ley que hace santuario al estado, calificó la decisión de la administración Trump de “inhumana, necia e inmoral”.

“California es hogar de la mayoría de los inmigrantes de El Salvador. Evitar que persigan su sueño americano y enviarlos de regreso a un país que es inestable e inseguro es cruel y está desconectado de cualquier sentimiento de humanidad”, dijo De León.

La Asambleísta Wendy Carrillo, quien vino a los Estados Unidos como menor indocumentada de El Salvador al huir de la guerra es la única salvadoreña miembro de la legislatura de California:

“Separar cruelmente a cientos de miles de inmigrantes legales de sus familias es un ejemplo de lo insensible y descontrolada que es la administración Trump”.

Dijo que trabajará con la legislatura estatal y colaborará con la bancada de California en el congreso para buscar la manera de que los salvadoreños con PTS tengan oportunidad de conseguir la residencia legal.

Tom Hawetz, el vicepresidente del Centro Americano para el Progreso, pidió no perder de vista que la administración Trump ordena cancelar el PTS a 200 mil salvadoreños, en su mayoría padres de hijos estadunidenses, en momentos en que el congreso debate propuestas para proteger a 800 mil dreamers, también vulnerables por decisión de Trump.

Manuel Ocaño

Ellatinoonline.com